La pandemia vial: una responsabilidad individual más que un mandato legal

Por Edwin Cuello
Procurador Fiscal
La República Dominicana enfrenta una crisis de salud pública persistente que, a diferencia de otras afecciones biológicas, encuentra su patógeno en el comportamiento humano: la siniestralidad vial. Con una tasa de mortalidad que ronda los 27.5 fallecidos por cada 100,000 habitantes y un costo económico que drena el 2.2% del Producto Interno Bruto nacional, el tránsito se ha convertido en una «pandemia» estructural.

Los datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI) revelan que el factor humano está presente en más del 90% de los incidentes, especialmente en el segmento de las motocicletas, que representan el 70.5% de las muertes. Estas cifras no son meras fatalidades estadísticas; son el resultado de una ruptura sistemática del contrato social de movilidad, donde la velocidad y la imprudencia prevalecen sobre el derecho colectivo a la integridad física.

Abordar esta problemática requiere trascender la visión de la Ley 63-17 como un simple catálogo de prohibiciones y sanciones. Si bien el marco normativo establece las reglas del juego, el cumplimiento estricto debe ser entendido como un ejercicio de ciudadanía vial y no como una respuesta al miedo a la fiscalización.

La responsabilidad individual es, en esencia, la gestión ética del «riesgo creado» al conducir; es el reconocimiento de que un vehículo es una herramienta de alta peligrosidad que exige una atención plena y un respeto absoluto por la predictibilidad del sistema. Cuando un conductor decide ignorar una señal de tránsito o conducir bajo los efectos del alcohol, no solo viola un artículo legal, sino que vulnera la seguridad sistémica que permite la convivencia en el espacio público.

Más allá de la frialdad de las cifras de mortalidad, esta pandemia deja una estela de sobrevivientes atrapados en una «muerte civil» y económica. Las lesiones permanentes, que afectan a miles de dominicanos anualmente, operan como una barrera infranqueable para la inserción en el mercado laboral formal e incluso en el informal, que exige una capacidad física que el siniestro ha arrebatado.

Esto transforma a individuos previamente productivos en sujetos dependientes, generando un lucro cesante que empobrece a familias enteras y dispara los costos de cuidados médicos especializados. La discapacidad sobrevenida por la imprudencia vial se convierte así en una trampa de pobreza transgeneracional de la que es casi imposible escapar sin un apoyo estatal robusto.

Este impacto económico se entrelaza con una tragedia humanitaria silenciosa: la orfandad vial. Las «autopistas de la muerte» no solo se llevan vidas, sino que desmantelan hogares, dejando a cientos de niños y niñas en una vulnerabilidad extrema tras la pérdida repentina de sus padres. La carga emocional de estos menores, que enfrentan duelos traumáticos y la desestructuración total de su entorno de seguridad, es una deuda social invisible que el asfalto sigue cobrando.

La responsabilidad individual deja de ser un concepto abstracto para convertirse en un imperativo ético de protección familiar; conducir con prudencia es el primer acto de amor y cuidado hacia los hijos que esperan en casa.

En última instancia, la solución definitiva no reside exclusivamente en el incremento de las multas o en una vigilancia policial omnipresente, sino en la evolución del conductor hacia un «agente de cuidado». Las investigaciones en psicología del tráfico demuestran que el autocontrol y la percepción del riesgo real son más efectivos para salvar vidas que la coerción externa.

Cumplir la ley por convicción implica entender que el casco, el cinturón de seguridad y los límites de velocidad son protocolos científicos de supervivencia. En un país donde la mayoría de las víctimas son jóvenes en su etapa más productiva, la prudencia al volante se transforma en un acto de patriotismo que preserva el capital más valioso de la nación: la vida y el futuro de sus ciudadanos.