Por: Hilda Alt. Pimentel R.
Fiscal Comunitaria de La Nueva Barquita, SDN.
¿Puede una comunidad sentirse protegida por una institución que apenas conoce? La respuesta parece obvia. La confianza no nace de los edificios, ni de los expedientes, ni de las sentencias. La confianza se construye cuando las instituciones tienen rostro, escuchan y están presentes allí donde las personas viven sus preocupaciones cotidianas. Esa es la esencia de las Fiscalías Comunitarias o barriales como muchos les conocen.
Aunque muchas personas asocian al Ministerio Público exclusivamente con la investigación y persecución de los delitos, existe una dimensión de su trabajo que pocas veces ocupa titulares, pero que resulta indispensable para una sociedad más segura: la prevención y el acercamiento con la ciudadanía.
Las Fiscalías Comunitarias surgieron en septiembre del 2004, la primera fiscalía barrial en la República Dominicana fue iniciada por el entonces Fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, en el sector de Gualey; con el propósito de reducir la distancia entre la institución y la población. No fueron concebidas únicamente como oficinas para recibir denuncias, sino como espacios de orientación, prevención, educación jurídica y acompañamiento a las comunidades. Su razón de ser es sencilla, pero profundamente significativa: llevar la justicia hasta donde está la gente.
La experiencia demuestra que muchos conflictos pueden evitarse cuando existe información oportuna, canales de comunicación efectivos y una presencia institucional permanente. Un ciudadano que conoce sus derechos también conoce sus deberes. Una comunidad organizada denuncia con mayor responsabilidad, participa en la búsqueda de soluciones y fortalece la convivencia pacífica.
En este modelo, el trabajo del fiscal comunitario trasciende el escritorio. Significa escuchar a los líderes comunitarios, participar en encuentros con juntas de vecinos, dialogar con estudiantes, orientar a familias, apoyar iniciativas preventivas y coordinar esfuerzos con otras instituciones públicas y organizaciones sociales. Es una labor que, muchas veces, no aparece en las estadísticas, pero cuyos resultados se reflejan en comunidades más informadas y con mayor confianza en la justicia.
Acercar el Ministerio Público a la ciudadanía también fortalece la legitimidad institucional. Cuando las personas encuentran respuestas, reciben orientación y perciben disposición para atender sus inquietudes, comprenden que la justicia no es un concepto abstracto reservado para los tribunales, sino un servicio público que debe estar disponible para todos.
Los desafíos siguen siendo importantes. La expansión de este modelo requiere recursos, coordinación interinstitucional y una participación ciudadana cada vez más activa. Sin embargo, cada paso que acerca la justicia a la comunidad representa un avance en la consolidación del Estado de derecho.
Estoy convencida de que una Fiscalía Comunitaria no solo contribuye a investigar delitos. También ayuda a prevenirlos, promueve la cultura de la legalidad y fortalece la confianza entre la ciudadanía y las instituciones. Y esa confianza, construida día tras día, termina siendo una de las herramientas más eficaces para proteger la paz social.
Porque la justicia no comienza cuando se dicta una sentencia. La justicia comienza mucho antes: cuando decide caminar junto a la comunidad.
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