Luego de una maratónica audiencia este jueves 13 de marzo y quedar demostradas la responsabilidad penal por los fiscales Ignacio Rojas y Juan Alberto Olivares, del Departamento de Litigación Definitiva de la Fiscalía en Santo Domingo Este, un tribunal impuso condenas de 30, 25 y 20 años de prisión a cinco hombres, encontrados culpables en el secuestro, tortura y posterior asesinato de otro, en un hecho ocurrido en el sector El Tamarindo, en Santo Domingo Este.
Los condenados a 30 años de prisión cada uno son Jeisy de Oleo Pérez (a) Patú y Wander Paniagua Hernández (a) Yeiron y/o El Flaco, mientras, Fernando Gabriel Michel (a) Pola, le fue impuesta condena de 25 años de prisión.
En tanto, Wilmer Cruz Luperón (a) Mantequilla y Lorenzo Pérez, fueron condenados a 20 años de prisión, cada uno.
Los cinco condenados, fueron encontrados culpables de secuestrar, torturar y posteriormente asesinar a Julio Aníbal Peña Rubio, de 62 años de edad, quien era hermano del exgobernador de la provincia Barahona, Pedro Peña Rubio y primo del comentarista y exdiputado Carlos Peña.
La condena fue dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo.
Los cinco imputados, tenían como domicilios los sectores El Tamarindo y Villa Liberación, en Santo Domingo Este.
La acusación presentada por la Fiscalía establece que Gabriel Michel (a) Pola confesó que el hecho fue planificado por López García (a) El Cangrejo (prófugo) y De Oleo Pérez (a) El Patú, quienes crearon un perfil falso en una red social, con el nombre “Daniela”, con la intención de quitarle el dinero a la víctima.
De acuerdo al expediente, la victima Peña Rubio se trasladó en su camioneta Toyota Hilux, de color negro, año 2022, placa L4423, a la calle Central del sector del Tamarindo II, en Santo Domingo Este, en donde encontraría con la supuesta “Daniela”.
Al llegar fue abordado por Cruz Luperón (a) Mantequilla, quien le dijo a la víctima que era primo de la mujer creada en el falso perfil. Además, que ella lo había mandado a buscar, siendo más adelante interceptado por López García, con pistola en mano y los demás imputados.
La víctima fue raptada y llevada a una casa, en donde fue torturado por dos días sin darle agua ni comida, estrangulándolo y posteriormente, lanzaron el cadáver a las aguas del río Ozama, mientras López García se llevó el vehículo a Pedernales con la intención de venderlo.
Mediante el Acta de Levantamiento de Cadáver número 67711, el cuerpo sin vida y en estado de descomposición de Peña Rubio fue recuperado el sábado 19 de noviembre del 2022, debajo del puente Francisco del Rosario Sánchez, en el sector Gualey, en Distrito Nacional, por miembros de la Defensa Civil, organismo que desplegó un amplio operativo de búsqueda.
Las investigaciones de las autoridades, dieron con los arrestos de los ahora condenados, a los cuales les fueron impuestas medidas de coerción de prisión preventiva.
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En el juicio concluido el jueves 13 de marzo, el tribunal compuesto por Josefina Ubiera Guerrero (presidente), Yuri Cuevas de la Cruz y José Leonel Asencio Quezada (miembros), encontró culpables a los cinco justiciable en violación de los artículos 265, 266, 295, 303, 304, 379, 382,384, 385 y 386, del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores, para cometer el rapto, robo, tortura, barbarie y homicidio así como también los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El tribunal, impuso a los condenados el pago de una indemnización de 10 millones de pesos a favor de los familiares del occiso, constituidos en querellantes-actores civiles en el proceso.
La fiscal María Sánchez, Litigación Inicial de la Fiscalía de Santo Domingo Este-Norte, estuvo a su cargo la formulación de acusación y solicitud de Auto de Apertura a Juicio de los imputados.
En tanto, los fiscales Geivis Tapia y Ivette Mateo, del Departamento de Crímenes y Delitos Contra la Persona de la misma Procuraduría Fiscal , estuvieron a su cargo la formulación de acusación y solicitud de Auto de Apertura a Juicio.
El fallo del tribunal estableció que las condenas deberán ser cumplidas en la penitenciaría nacional de La Victoria y el fallo comunicado al juez de la Ejecución de la Pena, para su cumplimiento.
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