Al quedar demostrada la responsabilidad penal de manos de los fiscales Ignacio Rojas y Wellington Gómez Rivera, de los Departamentos de Litigación Definitiva e Investigación de Criminalidad Organizada de la Fiscalía en Santo Domingo Este-Norte, un tribunal impuso condenas de 30 años de prisión a cuatro hombres, implicados en el secuestro de una mujer, en un suceso ocurrido en el barrio Vietnam, Sector Los Mina, en Santo Domingo Este.
Los condenados a 30 años de prisión cada uno son Miguel Ángel Salazar Tapia (a) Luisito Salazar y/o Luisito, Carlos Daniel Mateo de la Cruz (a) Juancito, Josué Martínez Brito y Manuel Alejandro Soto, de 34, 28, 26 y 24 años de edad, respectivamente, todos residentes en el municipio de Villa Altagracia, en la provincia San Cristóbal.
Los cuatros justiciables fueron encontrados culpables de asociarse y con armas de fuego, secuestrar y pedir rescate por la liberación de la señora Paula Yessenia Díaz.
La condena fue dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo.
De acuerdo al expediente número 530-2023-SMEC-01603, el suceso ocurrió aproximadamente a las 10:30 a.m. del 20 de junio del 2023, cuando la señora Paula Yesenia Díaz, se desplazaba por la calle Fray Bartolomé de las Casas, en el sector Vietnam, en Los Mina Norte, en Santo Domingo Este, siendo interceptadas por los cuatro hombres ahora condenados, encapuchados y portando armas de fuego.
Los cuatros individuos se desmontaron de un vehículo tipo jeepeta, modelo Cherokee, color dorado, en el que se desplazaban y trasladaron contra su voluntad a la mujer desde ese lugar con rumbo desconocido.
Inmediatamente recibida la denuncia en la Policía Nacional y la Unidad de Investigación de Criminalidad Organizada de la Fiscalía, se procedió al levantamiento y análisis de las cámaras de seguridad instaladas en las proximidades de la ocurrencia del hecho, logrando identificar el vehículo denunciado con la placa número G573197, que al ser depurado figuraba a nombre de la señora Ángela María Tapia.
Con labores de inteligencia, el 23 junio del 2023, fue localizado el vehículo Cherokee, color dorado, en un Rent Car, ubicado en la avenida Charles de Gaulle, en el sector Los Corales, donde fue dejado en garantía para la renta del vehículo Hyunday Elantra, color rojo, placa PP930545, el cual fue alquilado por cinco días, por el imputado Miguel Ángel Salazar Tapia.
Con esta información se procedió al rastreo por el sistema de geolocalización colocado en vehículo Hyunday Elantra, color rojo, placa PP930545, que identificó que el mismo se encontraba próximo a una procesadora de jugos, ubicada en el municipio Villa Altagracia, en la provincia San Cristóbal.
Al ser avistado por las autoridades el vehículo Hyunday Elantra, siendo conducido por el justiciable Miguel Ángel Salazar Tapia (a) Luisito Salazar y/o Luisito, en compañía del también imputado Josué Martínez Brito, quienes indicaron a los agentes investigadores que la señora Paula Yessenia Díaz, se encontraba en una vivienda próxima al lugar, custodiada por los otros dos miembros de la estructura delictiva.
Al aproximarse al inmueble señalado, los agentes de policía, ingresaron ante el llamado de auxilio con voz femenina que salía del interior, siendo repelido a tiros desde su interior por el también imputado Manuel Alejandro Soto, que resultó herido de bala en la pierna izquierda y ocupándose en su poder la pistola marca CZ, calibre 9mm, número 8742, con su cargador y seis capsulas para la misma.
Al proceder al rescate de la mujer, fue localizada en una de las habitaciones de la vivienda con una capucha negra colocada en la cabeza, custodiada por el acusado Carlos Daniel Mateo de la Cruz (a) Juancito, quien portaba un revolver marca Taurus, calibre 38, número RH676251, con dos capsulas del mismo calibre en su cilindro.
Al ser depuradas las armas de fuego, se determinó que las mismas no se encontraban registradas y estaban en posesión ilegal, figurando además que el revolver marca Tauros, calibre 38, número RH676251, estaba reportado como robado en fecha 17 de octubre del 2022, al legítimo propietario el señor Gianni Paggiarin.
A los cuatros justiciables le fueron impuestas medida de coerción de prisión preventiva, por un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la Jurisdicción de Santo Domingo.
En el juicio realizado el miércoles 16 de julio del 2025, el tribunal compuesto por Josefina Ubiera Guerrero (presidente), José Leonel Asencio Quezada y Yury Cuevas de la Cruz (miembros), encontró a los cuatros imputados culpable en la violación de los Artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican la Asociación de Malhechores y los Artículos 1, 2 y 4 de la Ley 583-70, que incrimina el secuestro en todas sus formas y variedades.
También la violación de los Artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Le fueron impuestas el pago de multas de 50 salarios mínimos al favor del Estado Dominicano.
La Ley numero 583-70, de fecha 26 de junio de 1970, incrimina el Secuestro y todas sus formas y variedades, tal y como se establece a continuación:
Artículo 1.- Son reos de secuestro los que sustrajeren, raptaren o de cualquier modo trasladaren, por medios violentos o haciendo uso de engaños, artificios, artimañas o intimidación, a cualquier persona de su residencia habitual o de los lugares en que voluntariamente se encuentre, con el objeto de privarla de su libertad, y de reclamar como rescate sumas de dinero, la libertad de prisioneros, o cualquier otra exigencia, ya sea de los particulares o de las autoridades legalmente constituidas.
Artículo 2.- Los culpables de secuestro serán condenados al máximo de la pena de trabajos públicos. Párrafo.- Cuando la persona secuestrada sea menor de edad o cuando en el caso actúe más de una persona, o cuando se hayan ejecutado torturas o actos de violencia, o se haya ocasionado la muerte del secuestrado, la pena aplicable será la de treinta (30) años de trabajos públicos.
El fiscal José Encarnación, adscrito al Departamento de Investigación de Criminalidad Organizada del Ministerio Público en la Provincia Santo Domingo, estuvo a su cargo la investigación, presentar acusación y la solicitud de apertura a juicio de fondo.
El tribunal ordenó que las condenas de 30 años de prisión sean cumplidas en penitenciaría nacional de La Victoria en relación al imputado Miguel Ángel Salazar Tapia (a) Luisito Salazar y/o Luisito, en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo, en San Cristóbal para Josué Martínez Brito y Manuel Alejandro Soto, y en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de la provincia de Monte Plata para Carlos Daniel Mateo de la Cruz.
La decisión del tribunal deberá ser comunicada al juez de la Ejecución de la Pena, para su fiel cumplimiento.
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