En el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Ayuntamientos, instituido mediante la Ley No. 3455, que recuerda la creación del primer cabildo del Nuevo Mundo en La Isabela en el año 1494, el dirigente político Carlos Gil expresó su preocupación por la situación actual del municipio de Santo Domingo Este, señalando una marcada desconexión entre el discurso oficial de rendición de cuentas y la realidad que viven sus ciudadanos.
Gil calificó como «lamentable» la situación del municipio más grande del país, donde afirma, se evidencian múltiples irregularidades en la gestión municipal, destacando una baja ejecución presupuestaria producto de una deficiente planificación de los ingresos. Esto, según explicó, se refleja en la limitada inversión en obras de infraestructura urbana y en el deterioro progresivo de los servicios públicos.
De acuerdo con los datos analizados, para el año 2025 se aprobó un presupuesto ascendente a RD$3,579 millones, de los cuales solo ingresaron aproximadamente RD$3,000 millones, generando un déficit superior a RD$500 millones. Esta situación, indicó, plantea serias dudas sobre la capacidad de planificación y ejecución de la Alcaldía.
En cuanto al Presupuesto Participativo, Gil denunció que se asignaron RD$180 millones para la construcción de 70 obras, pero la ejecución quedó muy por debajo de lo previsto. Según informaciones publicadas por el Ayuntamiento, apenas se ha ejecutado alrededor de un 50% de lo programado.
Asimismo, cuestionó que el gasto en publicidad haya superado los 100 millones de pesos los cuales trabaja para fortalecer su imagen y el culto a la personalidad, sin criterio objetivo y buscando bite en las redes sociales.
El dirigente también señaló presuntas irregularidades en el manejo de bienes municipales, específicamente en la donación de furgones, algunos de los cuales según denuncias han desaparecido, lo que genera inquietudes sobre la administración de los recursos públicos.
Otro aspecto crítico señalado es la disminución en las recaudaciones municipales, atribuida a la pérdida de confianza ciudadana y al incremento en los costos de servicios básicos. Entre estos, destacó el aumento de más de un 300 % en los servicios funerarios municipales, los cuales anteriormente eran ofrecidos de forma gratuita, afectando especialmente a los sectores de menores ingresos.
Gil denunció además el deterioro de infraestructuras clave, como la funeraria municipal ubicada en la avenida Charles de Gaulle, la cual permanece cerrada desde hace aproximadamente seis meses por un proceso de remozamiento que a su juicio no justifica dicho cierre. A esto se suma el abandono de cementerios y mercados públicos, que operan en condiciones precarias.
Entre otras problemáticas, mencionó el mal estado de las calles, la ocupación indebida de aceras incluso por parte del propio cabildo, la deficiente movilidad urbana por la instalación masiva de reductores de velocidad y el colapso del sistema de drenaje pluvial, agravado por la falta de mantenimiento de imbornales y la ausencia de nuevas obras de filtrantes y colectores.
En materia de transparencia, Gil hizo un llamado al alcalde Dio Astacio a rendir cuentas claras sobre el destino de más de RD$6,000 millones manejados en los últimos dos años, sin que según afirma se evidencien obras de impacto significativo.
La actual gestión ha anunciado la recolección de aguas acumuladas en múltiples sectores, en lugar de ejecutar un plan integral que incluya la limpieza masiva de imbornales, la construcción de nuevos sistemas de drenaje y el control efectivo de los desechos sólidos.
Esta falta de acción ha provocado el colapso de gran parte de los imbornales existentes. En consecuencia, los niveles de lluvia registrados durante distintas temporadas y episodios de vaguadas superan ampliamente la limitada capacidad de respuesta del improvisado plan de recolección de aguas, evidenciando su ineficacia.
Asimismo, solicitó la intervención de los órganos de control, incluyendo la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y la PEPCA, ante denuncias de irregularidades en procesos de compras y contrataciones públicas.
Ha incumplimiento en el pago de prestaciones laborales a ex empleados municipales, pese a la asignación de RD$85 millones por parte del Gobierno central para tales fines.
«El discurso presentado en esta rendición de cuentas no refleja la realidad que viven los munícipes. Muchas de las acciones mencionadas corresponden a labores rutinarias, sin evidenciar soluciones concretas a los problemas estructurales del municipio».
Carlos Gil reiteró su llamado a una intervención inmediata de los organismos de fiscalización del Estado, advirtiendo sobre un presunto uso ineficiente de los recursos públicos y el creciente deterioro de la calidad de vida en Santo Domingo Este.
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