El llamado a paro nacional convocado por jueces y servidores judiciales este jueves 21 de mayo fue acatado en más de un 90 por ciento en la demarcación de Santo Domingo Este, donde la mayoría de los roles de audiencias fueron suspendidos en apoyo a la jornada de protesta, la cual contó con el apoyo de los fiscales.
La protesta es ante la falta de respuestas concretas a las demandas que llevan tiempo sin atención dentro del Poder Judicial, de acuerdo los convocantes.
Explicaron que las reclamaciones han sido planteadas ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia, la Dirección General de Carrera y el Consejo del Poder Judicial, sin que hasta el momento se hayan obtenido compromisos formales.
A continuación, el Manifiesto leído por la magistrada Luz María Rivas, jueza presidente de Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes en Santo Domingo Este, en la explanada frontal de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este.
MANIFIESTO POR LA DIGNIDAD DE LA JUSTICIA
21 de mayo del 2006
Nosotros, los jueces, juezas y servidores judiciales de la República Dominicana, unidos en una sola voz, declaramos ante toda la sociedad y la comunidad jurídica del país, que enlazados al compromiso que implica el sagrado deber de impartir justicia, en observancia de los derechos y garantías que consagra la Constitución de la República, de los cuales somos igualmente titulares, nos hemos unido a este llamado pacífico a protesta, movidos por la preocupación legítima y acumulada que gira en torno a las condiciones en las que actualmente estamos desempeñando nuestras delicadas funciones.
La justicia no puede sostenerse únicamente sobre vocación, sacrificio personal y compromiso individual. La justicia requiere condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales que permitan ofrecer un servicio oportuno, eficiente e imparcial, tomando en cuenta la dignidad de quienes hacen que el servicio judicial sea una realidad.
La realidad actual que nos golpea, está bordeada de múltiples males:
- Falta de personal
- Falta de Jueces
- Baja remuneración salarial
- Carga de trabajo excesiva
- Renuncias masivas del personal administrativo.
- Deterioro y abandono de la infraestructura de muchos de los tribunales del país
- Falta de seguridad en los palacios de justicia.
De esta forma, se configura una larga lista de carencias que debemos sortear día a día en el ejercicio de nuestras funciones y que se entrelazan entre sí, provocando otras situaciones cada vez más graves y alarmantes.
Precisamente por la falta de personal, un servidor judicial termina asumiendo el trabajo de dos, tres o cuatro servidores más; y de igual forma, la falta de jueces, ha provocado que uno sólo asuma el trabajo que deberían hacer 2, 3 o 4 jueces más. Se agrega a esto, los bajos salarios que se perciben, no acordes con el aumento del costo de la vida ni con la carga de trabajo que se lleva a cabo.
Esta realidad dista mucho de la que se vive en las esferas de dirección a lo interno del Poder Judicial, donde secretarios o empleados administrativos devengan salarios que superan con creces los que devenga cualquier Juez o Jueza y sus aumentos no están sujetos a “bonos” ni a “metas”. Donde los gastos relativos a viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos e influencers, ascienden a ciento de millones de pesos, y se dispone del presupuesto de una institución llena de carencias, para cuestiones superfluas y de menor relevancia, como poner un arbolito que costó cerca de 11 millones de pesos.
Este reclamo nace del cansancio acumulado, de quienes todos los días hacen funcionar la justicia desde muy temprano en la mañana hasta altas horas de la noche, de quienes sostenemos el sistema, aun cuando muchas veces sentimos que el sistema no nos sostiene.
Hoy levantamos la voz por una justicia más humana, más organizada, más eficiente y digna para todos y decimos con firmeza y determinación:
-No a la industrialización de la justicia.
-No a la desigualdad salarial.
-No a la dilapidación de recursos en privilegios y campañas publicitarias.
-No a la paralización de la carrera judicial y administrativa.
– Y no al silencio y desdén institucional.
Hemos tenido que llegar hasta aquí, luego de un largo camino recorrido, años lleno de peticiones y solicitudes hechas por las asociaciones de jueces, por los jueces y juezas, por los servidores judiciales, tanto individuales como colectivas, llamados al diálogo, denuncias públicas, acciones judiciales, de agotar todos los medios posibles para tratar de llamar la atención de la institución sobre la crisis y el deterioro que estamos viviendo en la administración de justicia, tratando por todos esos medios de que escucharan nuestro grito desesperado; no obstante, como respuesta, obtuvimos el silencio, la indiferencia, el irrespeto, y hasta en ocasiones, podríamos decir, que hasta el desprecio.
Ustedes han sido testigo de esto. Han podido apreciar cómo, el pasado 19 de mayo del presente año, cuando por primera vez deciden poner atención a nuestros reclamos, el Consejo del Poder Judicial nos responde con una serie de propuestas, caracterizadas por ser imprecisas, condicionadas e ineficaces. Así tenemos:
- Una propuesta de indexación salarial, cuya ejecución depende de un presupuesto complementario sujeto a aprobación y erogación por parte del Ministerio de Haciendas, sin fecha cierta ni parámetros claros de ejecución;
- En lo relativo a la movilidad judicial, la propuesta se reduce a una indefinida “hoja de ruta” sujeta a futuros procesos participativos, sin medidas específicas;
- No se establecen plazos concretos de ejecución de ninguna de las acciones que establece el CPJ pretende realizar;
- Por demás, tampoco aborda temas de trascendental importancia para los jueces, juezas y servidores administrativos, como son los relativos a la eliminación de la ilegal suplencia horizontal, la desigualdad entre iguales generadas por el manual de salarios así como la movilidad de la carrera administrativa.
Todo ello reproduce una práctica reiterada de evasión institucional que sustituye soluciones reales, por trámites, discursos, promesas y estrategias inconclusas, frente a problemas que tenemos años denunciando. Ya no es tiempo de diagnósticos ni de planificación, sino de decisiones concretas y ejecutables.
Sirva la ocasión para comunicar, que esto apenas es el inicio, que no vamos a desmayar ni nos vamos a dejar a amedrentar. Que continuaremos nuestra lucha hasta obtener respuestas concretas y ejecutables. Conocemos nuestros derechos y estamos listos para defenderlos, en la misma medida en que lo garantizamos a los demás ciudadanos todos los días.
El lema de nuestro Poder Judicial es: «Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas»; y nosotros, quienes hacemos posible esa justicia cada día, añadimos con plena convicción: ¡QUE LA DIGNIDAD COMIENCE POR CASA!
Porque no puede haber justicia verdadera donde quienes la sirven son tratados con indiferencia. No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos menos a quienes lo custodian. No puede haber dignidad para el ciudadano si el juez que lo escucha, el alguacil que notifica, el secretario que certifica y el conserje que abre las puertas del tribunal cada mañana, no tienen dignidad propia.
Hoy nos plantamos aquí, como servidores de la República que aman profundamente la justicia y que precisamente por ese amor, no están dispuestos a verla morir en silencio.
Este es el inicio de un reclamo que no se apagará hasta que sea escuchado, atendido y respondido con hechos concretos.
¡Que viva el Poder Judicial libre, digno y justo! ¡Que vivan los Jueces, Juezas y Servidores Judiciales, el verdadero corazón que late detrás de cada sentencia! ¡Que viva la República Dominicana!
FIRMADO,
JUECES, JUEZAS Y SERVIDORES JUDICIALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
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