Por Julio César Araujo
Juez de Atención Permanente de Santiago
El presidente de la Suprema Corte de Justicia dominicana, Henry Molina, ha reconocido públicamente que el sistema de justicia penal está colapsado. Cabe resaltar que desde un análisis técnico–estratégico, este colapso no es un evento aislado, sino el resultado acumulado de fallas estructurales, normativas y de gestión.
El debate sobre el estado actual del sistema de justicia penal dominicano ha abierto un espacio valioso para la reflexión serena. Más que buscar responsables de la causa de este real colapso, el momento invita a identificar con precisión qué ajustes permitirían que el sistema responda mejor a las demandas sociales de las personas.
Una causa relevante es la estructural: el volumen de casos que ingresa al sistema penal supera con creces su capacidad real de respuesta. A esto se suma un modelo de gestión que trata de igual manera asuntos simples y procesos complejos, sin priorización ni clasificación efectiva. El resultado es previsible: congestión crónica. Otro factor clave es el uso indiscriminado del proceso penal ordinario por parte del ministerio público y los abogados. Casos que podrían resolverse mediante acuerdos, salidas alternas o criterios de oportunidad recorren todo el ciclo judicial, consumiendo tiempo, energía y altísimos recursos que el sistema ya no tiene.
La falta de planificación basada en datos agrava el problema. Sin información confiable sobre cargas de trabajo, duración real de los procesos o cuellos de botella por jurisdicción o departamentos judiciales. Además, la falta de planificación efectiva sobre la necesidad de jueces según estas demandas conlleva que el sistema se mueve por inercia, no por estrategia institucional efectiva.
Otra causa altamente relevante que incidió en el colapso del sistema de justicia penal y que a menudo ha pasado inadvertido para la comunidad jurídico, pero no para los jueces y servidores judiciales es: la inversión estratégica en capital humano dentro del Poder Judicial como condición para una gestión más eficiente y decisiones oportunas.
La experiencia práctica muestra que muchos retrasos procesales no se originan en la complejidad jurídica de los casos, sino en la carga operativa que recae sobre los despachos judiciales. El juez, además de decidir, suele asumir tareas de organización, seguimiento y coordinación que consumen tiempo y energía. Este diseño, aunque funcional en escenarios de baja demanda o de casos simples, se vuelve insuficiente cuando la litigiosidad crece de manera sostenida como viene sucediendo en el Gran Santo Domingo y en Santiago.
La clasificación temprana de los casos, el control efectivo de plazos y la programación racional de audiencias contribuyen a reducir suspensiones innecesarias y a garantizar que cada proceso avance hacia su conclusión natural en sede judicial. La eficiencia, en este contexto, surge de la organización, no de la prisa.
Todo ello impacta directamente en la prontitud de la decisión judicial. Un expediente bien gestionado, con sus notificaciones, convocatorias y citaciones bien realizadas, con audiencias efectivas, crea las condiciones para que el juez decida en tiempos razonables. Así, la duración del proceso deja de ser una carga estructural y se convierte en un elemento controlable dentro de la política judicial.
Esta apuesta por las personas debe complementarse con formación continua y evaluación orientada a la mejora. Invertir en capital humano implica aumentar salarios, mejorar seguridad social, calidad de vida de los jueces y servidores judiciales lo que impacta positivamente en sus competencias, potenciando con un enfoque efectivo por redistribuir cargas y colocar los recursos donde resultan más necesarios para el funcionamiento del sistema.
De manera que fortalecer el capital humano del Poder Judicial es una vía práctica, directa, oportuna, realista y sostenible para mejorar la gestión, optimizar el ciclo procesal y asegurar decisiones judiciales más prontas. Es una solución que no confronta, sino que construye; que no improvisa, sino que consolida al Poder Judicial. En ese camino, la justicia penal puede recuperar eficiencia y confianza que ha venido perdiendo, respondiendo mejor a las expectativas de la sociedad, lo cual debe ser la misión de un Poder Judicial comprometido con las personas y sus derechos.
En definitiva, cuando la demora se normaliza, la justicia pierde autoridad. El retardo judicial deja de ser la excepción y se convierte en regla. Aumentan los casos que concluyen por vencimiento de plazos, se debilita la confianza ciudadana y se erosiona la legitimidad institucional de tribunales que parecen siempre llegar tarde. El colapso no afecta solo a quienes litigan; afecta al Estado de derecho mismo. Una justicia penal lenta es una justicia impredecible, y la imprevisibilidad es el mayor enemigo de la seguridad jurídica.
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