Exigen tratos igualitarios frente a sus pares del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Los defensores públicos en Santo Domingo Este-Norte denunciaron la existencia de un trato desigual por parte de la administración de la Ciudad Judicial en Santo Domingo Este, donde aseguran solo disponen de cuatro estacionamientos para más de 37 profesionales que prestan servicios en esa jurisdicción, lo que califican como acción discriminatoria y lesiva a sus derechos laborales.
Los defensores explicaron que el problema se originó tras el traslado de las audiencias desde el Palacio de Justicia de la Avenida Charles de Gaulle hacia la nueva Ciudad Judicial en la Avenida Sabana Larga, donde, según afirman, la cantidad de espacios asignados resulta insuficiente en comparación con las facilidades otorgadas a jueces y fiscales. Sostienen que esta situación los obliga a estacionar sus vehículos a varias cuadras de distancia, exponiéndolos a riesgos de seguridad y afectando el desempeño de sus funciones.
A través de un manifiesto, los juristas recordaron que la asistencia legal gratuita a personas en conflicto con la ley constituye un derecho fundamental garantizado por la Constitución y que la Oficina Nacional de Defensa Pública desempeña un papel esencial dentro del sistema de justicia dominicano. Indicaron que la oficina de Santo Domingo concentra una de las mayores cargas de trabajo del país, con 2,829 casos nuevos registrados durante 2025, equivalentes al 10.31 % del total nacional.
Entre las principales preocupaciones mencionaron la posibilidad de sufrir agresiones por parte de personas inconformes con su labor profesional, así como los riesgos de desplazarse en horarios nocturnos tras concluir audiencias que, en ocasiones, se extienden hasta las 9:00 de la noche. También señalaron que las largas caminatas afectan su bienestar físico y emocional, repercutiendo en la calidad del servicio que ofrecen a la ciudadanía.
Manifiesto de los Defensores Públicos de Santo Domingo Este
La asistencia técnica y legal gratuita a personas en conflicto con la ley penal constituye un derecho fundamental, garantizado por el artículo 176 de la Constitución Dominicana. Este derecho se deriva de la prerrogativa de defensa, reconocida como una de las garantías esenciales de la Tutela Judicial Efectiva y del Debido Proceso, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Este servicio es brindado por la Oficina Nacional de Defensa Pública, creada mediante la Ley 277-04, institución que ha demostrado ser pilar indispensable para el sistema de justicia. Entre el 5 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2025, ingresaron a nivel nacional 516,494 casos penales, de los cuales la oficina de Santo Domingo representa el mayor volumen de asistencia. Solo en el año 2025, se registraron 2,829 casos nuevos, equivalentes al 10.31% del total nacional.
A pesar de esta relevancia, los Defensores Públicos y abogados contratados de Santo Domingo Este enfrentamos una situación de discriminación y trato desigual por parte de la Administración de la Ciudad Judicial. Desde enero de 2026, cuando las audiencias fueron trasladadas desde el Palacio de Justicia de la Charles de Gaulle hacia la nueva sede en la avenida Sabana Larga, se nos han asignado únicamente 4 plazas de estacionamiento, a pesar de que el servicio es sostenido por al menos 37 defensores y abogados contratados, sin contar el personal administrativo.
Este trato desigual contrasta con las facilidades otorgadas a jueces y fiscales, quienes cuentan con un número significativamente mayor de espacios. La medida vulnera nuestros derechos a la igualdad, dignidad e integridad personal, obligándonos a dejar nuestros vehículos a varias cuadras de distancia, exponiéndonos a riesgos innecesarios.
¿Por qué es importante este reclamo?
Nuestro reclamo no se limita a la asignación de parqueos. La situación actual genera una afectación física y psíquica que impacta directamente en el desempeño de nuestras funciones. Caminar diariamente entre 10 y 15 minutos, vestidos con trajes, corbatas y togas, bajo condiciones de inseguridad y malestar, compromete nuestra disponibilidad y concentración en el delicado trabajo que realizamos. La defensa pública exige excelencia, serenidad y fortaleza emocional; sin embargo, estas condiciones adversas erosionan nuestra capacidad de brindar un servicio con la calidad y dignidad que la ciudadanía merece.
Afectaciones directas
• Exposición a amenazas de ciudadanos que desaprueban o malinterpretan nuestra función.
• Vulnerabilidad frente a agresiones físicas y verbales por asistir jurídicamente a personas en conflicto con la ley penal.
• Riesgo adicional al concluir audiencias en horarios nocturnos (7, 8 o incluso 9 p.m.), debiendo caminar largas distancias hacia nuestros vehículos en condiciones de inseguridad.
Nuestra exigencia
Como servidores públicos que hemos accedido a nuestras funciones mediante concurso de oposición y mantenemos una capacitación técnica continua para garantizar un servicio de calidad y excelencia, exigimos un trato igualitario frente a nuestros pares del Poder Judicial y del Ministerio Público. La dignidad e integridad personal de los Defensores Públicos merece la misma protección que la de jueces y fiscales.
Advertencia
Esta situación ha sido previamente comunicada a las autoridades competentes, sin que hasta la fecha se haya dado respuesta. Por ello, advertimos que, de no resolverse esta problemática en un plazo de tres (03) días laborables, haremos uso del derecho constitucional a la huelga pacífica, previsto en el artículo 62, numeral 6, de la Constitución Dominicana.
El paro consistirá en la suspensión de labores en los tribunales de la Ciudad Judicial durante los días lunes 29, martes 30 de junio y miércoles 1° de julio, limitándonos a realizar únicamente trabajo administrativo y servicios de atención permanente. Este paro podrá extenderse indefinidamente en caso de persistir el silencio institucional frente a nuestro reclamo.
Los defensores públicos advirtieron que, si en un plazo de tres días laborables no reciben una solución, iniciarán un paro de labores en los tribunales de la Ciudad Judicial los días 29 y 30 de junio, así como el 1 de julio, limitándose únicamente a labores administrativas y servicios de atención permanente. Asimismo, indicaron que la protesta podría extenderse de manera indefinida si persiste el silencio institucional.
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