Por: Hilda Alt. Pimentel R.
Fiscal Comunitaria de La Nueva Barquita, SDN.
Cada vez que ocurre un hecho delictivo, alguien suele decir: «Yo no denuncio porque después vienen los problemas.» Esa frase, repetida durante años, revela una realidad preocupante: muchas personas todavía perciben la denuncia como un riesgo, cuando en realidad constituye uno de los principales mecanismos de protección que ofrece el Estado.
En una sociedad democrática, la justicia no puede actuar únicamente sobre rumores o publicaciones en las redes sociales, como se está haciendo costumbre, se necesita información que permita iniciar las actuaciones previstas por la ley. Por ello, la denuncia no debe entenderse como un acto de confrontación personal, sino como el ejercicio responsable de un derecho ciudadano y una manifestación del compromiso colectivo con la seguridad.
La Constitución de la República reconoce el derecho de toda persona a acceder a la justicia y a obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos. Ese mandato constitucional encuentra desarrollo en el sistema de justicia penal, donde el Ministerio Público tiene la responsabilidad de dirigir la investigación de los hechos punibles y ejercer la acción pública cuando corresponda, siempre con respeto al debido proceso y a las garantías fundamentales.
Sin embargo, ninguna institución puede prevenir o perseguir eficazmente el delito si la comunidad permanece en silencio. El temor, la desinformación o la falta de confianza generan espacios de impunidad que afectan, en primer lugar, a los propios ciudadanos.
Aquí adquiere especial relevancia el trabajo de las Fiscalías Comunitarias. Su cercanía con los barrios y sectores facilita que muchas personas reciban orientación antes incluso de formalizar una denuncia. Escuchar, informar y explicar los procedimientos también forma parte del acceso a la justicia.
Denunciar no significa declarar culpable a una persona. Esa decisión corresponde exclusivamente a los órganos competentes, respetando las garantías del proceso penal. La denuncia simplemente pone en conocimiento de la autoridad un hecho que podría constituir una infracción penal y permite que el Ministerio Público determine, mediante una investigación objetiva, si existen elementos suficientes para ejercer la acción penal o disponer el archivo del caso conforme a la ley.
Esta diferencia merece ser comprendida por toda la ciudadanía. En un Estado de derecho, nadie es condenado por una denuncia; tampoco debe dejar de investigarse un hecho por miedo a denunciarlo. El equilibrio entre la protección de las víctimas, los derechos del imputado y el interés de la sociedad constituye uno de los pilares del sistema de justicia penal dominicano.
Fortalecer la cultura de la denuncia responsable también implica fortalecer la confianza en las instituciones. Cuando la comunidad comprende que existe un procedimiento legal, que las investigaciones se realizan con objetividad y que toda persona goza de la presunción de inocencia hasta que una decisión judicial firme establezca lo contrario, la justicia deja de percibirse como un escenario de incertidumbre para convertirse en un espacio de protección de derechos.
La participación ciudadana no sustituye la labor del Ministerio Público; la complementa! Una comunidad informada, que conoce sus derechos y sus deberes, contribuye a la prevención del delito y al fortalecimiento del Estado de derecho; donde Denuncia: Es un el acto predominantemente de información, para que el Ministerio Publico tome conocimiento e investigue los hechos y delimite responsabilidad penal; mientras que La querella: Es un acto de persecución judicial, donde la victima aporta pruebas y se convierte en parte activa de su proceso.
Por esto denunciar no es señalar a una persona. Denunciar es permitir que la justicia cumpla su función dentro de los límites que establece la ley. Y cuando una sociedad comprende esa diferencia, da un paso firme hacia una convivencia más segura, más responsable y más justa.
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