El Segundo Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo, impuso condenas de 30 años de prisión a hombres de nacionalidad haitiana, encontrados culpables en el asesinato de un teniente de la Policía Nacional, cuyo cadáver fue encontrado atado de pies y manos, con un disparo en la cabeza, en la avenida Ecológica en Santo Domingo Este.
Las condenas de 30 años de reclusión mayor les fueron impuestas a Adrison Depestre Sene (a) Anderson y/o Tony y Tomy Tulisse Desarmea, dos nacionales haitianos de 45 y 44 años de edad, respectivamente.
Los dos extranjeros fueron encontrados culpables en el asesinato de José Joaquín Encarnación Montero, un primer teniente de la Policía Nacional de 41 años de edad, quien residía en la calle Sembrador, en la Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este.
Según el expediente, el cadáver del oficial fue levantado a las 9:30 a.m. del martes 29 de agosto del 2023, frente al tanque de agua de los residenciales Ciudad Juan Bosch, atado de pies y manos con una cuerda de nailon de color rojo, boca abajo y con herida de proyectil de arma de fuego con entrada en la región temporal izquierda y salida en la región temporal derecha.
De acuerdo a la señora Adalgisa de la Rosa Jiménez, esposa del occiso, su esposo salió a juntarse con los dos ciudadanos haitianos, ahora condenados, Deprestre Senen y Divisse Desarme, ya que, de acuerdo a la mujer, el primero le adeudaba 25 mil pesos y que habría llamado diciéndole que se juntarían para pagarle, ya que la esposa llegó de Europa y le habría dado dinero para pagarle.
De acuerdo a la acusación, los imputados para se habrían confabulados y el encartado (a) Anderson y/o Tony, citó al teniente de policía Encarnación Montero el día 28 de agosto del 2023 a eso de las 7:30 a 8:00 pm, en la entrada de Ciudad Juan Bosch a los fines de pagarle la deuda de un préstamo que el hoy occiso había tenido que pagar por el por haberle servido de garante.
Los investigadores establecieron que la presunta deuda había traído mucho descontento porque (a) Anderson y/o Tony hasta se había desaparecido por un tiempo para no pagar, unido a la ansiedad del justiciable Tomy Tulisse, que ya sabía que la casa donde vivía (es decir ya no tendría donde vivir de gratis) prácticamente estaba vendida y pagada, porque siempre le acompañaba a cobrarla al hoy occiso, quien habría llamado varias al comprador a los fines de que le hiciera el último pago.
En el lugar de levantado el cadáver fue colectado un casquillo 9mm, de la pistola marca Taurus, número TYC65996, con una capsula percutada en la recamara, la cual era el arma de reglamento del oficial ultimado.
El oficial Encarnación era nativo de Las Matas de Farfán, en la provincia de San Juan de la Maguana y estaba asignado al magistrado Anselmo Bello Ferreras, juez de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Los dos justiciables fueron arrestados al día siguiente de levantado el cadáver, y posteriormente el tres de septiembre del 2023, el juez Bernardo Coplín García, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción.
En el rol de coerción, ambos justiciables negaron tener que ver con el hecho de sangre, y que el mensaje en uno de sus teléfonos, era viejo.
En su acusación, el órgano acusador no explicó ni presentó pruebas, de cómo los dos hombres habrían cometido el hecho que les imputan, y todas las pruebas estaban sustentadas en indicios.
En el juicio, realizado el 21 de octubre del 2025, el tribunal compuesto por Josefina Ubiera Guerrero (presidente), Yury Cuevas de la Cruz y Isaías R. Martínez P. (miembros), encontró a los dos justiciables culpables en la violación de los Artículos 264, 265, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la Asociación de Malhechores y el Homicidio Voluntario.
También la violación de los Artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El tribunal acogió la querella en constitución en actor civil e impuso a los dos condenados el pago de una indemnización de tres millones de pesos, a favor de los familiares del occiso.
Las condenas de 30 años de prisión a los dos imputados, fue al acoger la solicitud de los fiscales Ignacio Rojas y Ana Basora, del Departamento Litigación Definitiva de la Fiscalía en Santo Domingo Este-Norte.
La fiscal Dahiana E. Castillo Antigua, del Departamento de Crímenes y Delitos Contra la Persona de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este-Norte, estuvo a su cargo la formulación de acusación y solicitud de Auto de Apertura a Juicio.
El fallo establece que las condenas deberán ser cumplidas en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) en la provincia de San Pedro de Macorís y comunicar al juez de la Ejecución de la Pena.
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