La jueza Karen Casado Minyetty, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, aplazó el rol de conocimiento de medida de coerción a ocho acusados de ser miembros de una presunta red de trata de personas, desmantelada el pasado fin de semana por las autoridades en la denominada Operación Begonias.
La jueza fijo pare el viernes 28 de junio a las 2:00 p.m., el conocimiento del rol, luego de la solicitud de los abogados de los justiciables, que requirieron preparar presupuestos de defensa a favor de sus representados.
La coerción fue solicitada en contra de los dominicanos Johanse Díaz Casado (Johan el Gordo), Johanse Díaz Lemonier (Johan), Wilson Pérez Duque (el Menor), Lilian Yleana Sierra Espinosa y Ariel Alfredo Soto Madrigal (el Gordo) y de las colombianas Karen Juliana Chia Gelvez (Nana y/o Naye y/o Colombiana), Lina Marcela Valdez Cortes y Yasibit Esaleivi López Medina (Cristal).
El grupo acusado ofertaba trabajo a las víctimas como bartender o camareras de hoteles.
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El Ministerio Público asegura que cuentan con suficientes evidencias para sostener la participación de los imputados en los hechos calificados como trata de personas con fines de explotación sexual, asociación de malhechores y Lavado de activos.
Sobre el caso, el Ministerio Público indicó que los imputados arrestados como parte de la Operación Begonias captaban en Colombia y movilizaban al país a las jóvenes que explotaban sexualmente.
Detallan en la Solicitud de Medida de Coerción que después de traerlas retenían sus documentos y las amenazaban con hacerle daño a sus familiares en Colombia, al tiempo de presionarlas por una supuesta deuda de 3,500 a 4,000 dólares que le hacían pagar si querían aceptar la promesa de que podrían liberarlas.
La Operación Begonias forma parte de las acciones impulsadas por la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso contra el crimen transnacional. Se puso en marcha el pasado sábado, con múltiples allanamientos en la provincia Santo Domingo, producto de una amplia investigación iniciada hace varios meses para desarticular redes transnacionales de trata de personas con fines de explotación sexual y con la que rescató a más de 40 mujeres.
En las labores el Ministerio Público contó con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional. También participaron fiscales de la Fuerza de Tarea de la Dirección General de Persecución, así como miembros del Departamento de Investigaciones de la PETT y la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público. La investigación contra las redes contó con el apoyo de la ONG Anti Trafficking Bureau (ATB).
Un equipo de 10 fiscales, más de 85 agentes de la Policía Nacional y varios técnicos de investigación y especialistas en atención a víctimas se movilizaron desde tempranas horas del sábado.
Durante la operación, los equipos de fiscales ocuparon dinero en efectivo, seis vehículos, equipos electrónicos, cuadernos de anotaciones y diferentes drogas narcóticas.
De igual forma, se incautaron los inmuebles que eran utilizados como espacios de operación de la red, incluyendo una edificación de varios niveles.
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