Santo Domingo. — El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, sostuvo un encuentro con periodistas de la fuente judicial, donde resaltó los avances institucionales logrados en los últimos años, enfocándose en la transparencia de la gestión judicial y la equidad de género dentro del sistema justicia.
En el encuentro, fueron compartidos temas de interés para la comunidad jurídica y periodística, intercambiando impresiones sobre los principales avances y desafíos del Poder Judicial.
Durante su intervención, realizada el miércoles 9 de septiembre, Molina enfatizó la importancia de la rendición de cuentas, destacando que los 17 jueces que integran el pleno han presentado sus informes anuales de desempeño, una práctica de transparencia que anteriormente no se realizaba.
Avanza la transparencia y el empoderamiento social
El magistrado instó a la sociedad civil, partidos políticos y ciudadanía en general a asumir su responsabilidad en la fiscalización de los procesos judiciales.
Molina destacó que el 100 % de los magistrados de la SCJ rinden informes de gestión anuales de manera pública.
Dijo que las ponderaciones y actuales evaluaciones de los miembros del Consejo del Poder Judicial se realizan con base en informes públicos y accesibles para todos los sectores.
Representación femenina y paridad de género
Respecto a la equidad de género, el presidente del órgano judicial reveló datos sobre la composición del sistema y fijó su posición sobre la representación femenina en las altas cortes, estableciendo que cerca del 70 % de los integrantes del Poder Judicial son mujeres.
Aseguró que el órgano de administración judicial cuenta actualmente con una representación equilibrada de tres mujeres y dos hombres.
Desafío en la SCJ
Molina reconoció que el estamento con menor proporción de mujeres es la Suprema Corte de Justicia, manifestando su respaldo total a la paridad de género (8 hombres y 8 mujeres) para lograr un equilibrio justo en la alta corte.
Finalmente, el magistrado definió la búsqueda de la paridad como una «lucha justa» que requiere el respaldo activo de la sociedad para seguir consolidando las transformaciones del sistema de justicia dominicano.
En el encuentro, estuvieron junto al Presidente de la SCJ, Javier Cabreja, coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos del Poder Judicial y Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).
Justicia dominicana avanza en modernización y gestión, según Informe del PNUD
La justicia de República Dominicana registra importantes avances en eficiencia, digitalización, transparencia e inclusión durante los últimos años, aunque todavía enfrenta retos relacionados con las desigualdades territoriales, económicas, de género y de acceso a sus servicios, según revela el informe Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano sostenible, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Entre los hallazgos más relevantes en materia de gestión, el informe destaca que la cantidad de asuntos resueltos por el Poder Judicial aumentó de 452,869 en 2021 a más de 1.1 millones en 2025, mientras que la tasa de resolución pasó de 90.8 % a 98.4 % en ese mismo período. Además, el 87.8 % de los asuntos fueron resueltos dentro del plazo establecido.
Asimismo, los usuarios experimentan menos tiempo de espera: el espacio promedio para la solución de los procesos judiciales se redujo de 95 a 75 días calendario entre 2021 y 2025, lo que representa una disminución de 20 días en la respuesta judicial.
En cuanto a la transformación digital, el estudio reconoce progresos significativos impulsados a partir de la pandemia. Para 2025, el Poder Judicial alcanzó un 91.8 % de gestiones en línea en las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa.
En total, se han contabilizado más de 3 millones de documentos firmados digitalmente y un 66 % de los documentos procesados electrónicamente, contribuyendo de forma directa a reducir los costos de transacción y los tiempos de tramitación.
A nivel territorial, 9 de los 11 departamentos judiciales mejoraron su capacidad de respuesta en materia laboral entre 2019 y 2025, destacándose el Departamento Judicial de Barahona con un incremento del 56 %, el mayor ritmo de mejora relativa registrado en el período.
La investigación resalta la posición alcanzada por el país en el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, en el cual República Dominicana se ubicó en el puesto 76 de 143 países a nivel mundial, tras avanzar diez posiciones (del puesto 86 al 76) y registrar un incremento del 2.1 % en su puntuación general, logrando consolidarse como uno de los países con mayores avances relativos en la región.
El estudio plantea que el verdadero impacto de las reformas debe medirse no solo por los indicadores de gestión institucional, sino también por la capacidad del sistema para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos.
Al analizar la experiencia ciudadana, el estudio muestra que 6 de cada 10 personas consultadas no enfrentaron obstáculos durante su proceso judicial. Sin embargo, un 39 % de las 89 personas usuarias consultadas reportó alguna dificultad o barrera.
Entre las principales oportunidades de mejora identificadas por las personas usuarias figuran: demoras y tiempos excesivos en un 63 %, gastos legales o costos del proceso el 46 %, calidad de la atención situado en el 26 % y distancia o dificultades de traslado igual en un 26 %.
La investigación dedica un espacio relevante al análisis de los grupos en condición de vulnerabilidad, subrayando la necesidad de fortalecer la protección de mujeres víctimas de violencia, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, migrantes y personas privadas de libertad, garantizando acompañamiento, accesibilidad, información clara y respuestas libres de revictimización.
Respecto a la relación entre justicia y desarrollo económico, el documento concluye que una justicia eficiente y predecible favorece la seguridad jurídica, protege los medios de vida, fortalece la confianza institucional y contribuye a un entorno propicio para las inversiones, el empleo y la productividad.
Ruta de Acción
El informe del PNUD propone once rutas de acción orientadas a consolidar una justicia más cercana a las personas mediante la reducción de barreras de acceso, el fortalecimiento de la planificación territorial, la expansión de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, la consolidación de la transformación digital inclusiva y la ampliación de los servicios especializados.
Según el PNUD, el principal desafío de la próxima etapa consiste en lograr que los avances institucionales alcanzados se traduzcan en una experiencia de justicia más accesible, comprensible, oportuna y humana.
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