Por: Valentín Medrano Peña.
Leí recientemente un interesante artículo de mi amigo y maestro, Olivo Rodríguez Huertas, a cuyas conclusiones me sumo, pero al que, con mucho respeto y con permiso no solicitado hasta ahora, quiero referirme y quiero también disentir del intro del referido artículo que el maestro dedica a un amigo en común, uno de más de 25 años, Eduardo Sanz Lovatón, con quien tuve mis andanzas políticas junto al tristemente ido a brazos del Señor, hermano en común, y siempre bien recordado y por ambos honrado, Salim Ibarra.
Tengo que disentir del maestro y sentí la necesidad de expresarlo públicamente no por el maestro, sino por la reiteración de estas afirmaciones gloriosas del Presidente de la República que a mi modo de ver no responden a toda la verdad.
En algunas de sus afirmaciones al respecto de lo que entiende son aportes del presidente actual de la República, esgrime mi profesor de maestrías que el jefe de estado ha procurado una justicia independiente, por lo que, contrario al criterio de mi afamado y respetado maestro, lejos de predicar, que no es más que palabras lanzadas al aire de los cielos de Becker, en la práctica, nadie ha hecho descender tan bajo y politizado tanto la justicia dominicana desde tiempos inmemoriales como el actual mandatario.
La justicia, en su doble dimensión: los jueces y el ministerio público, como divide mi profesor, jamás ha sido tan dependiente, y aunque no es recomendable decirlo, llamemos las cosas por su nombre y definamos a trazos anchos la actual administración de justicia abinaderista, no peremeista, la que se caracteriza por la Venganza en contra de ciertas personas, es decir, es una justicia sesgada y teledirigida.
Las reformas concretas propulsadas por el mandatario, lejos de engrosar y aumentar independencia en ambos componentes del sector justicia, las ha disminuido, pero ocurre que en países como el nuestro, más del 85 por ciento de las actividades de cualquier índole dependen del favor del gobierno, y por ende, es justo ese porcentaje de personas los que tienen que observar silentes los desafueros del gobierno para no recibir su desafección, como dije, la justicia y la administración pública se administran con alto sentido de venganza.
El discurso de campaña de un Ministerio Público “Independiente” se basó en nombrar a una persona al frente de ese cuerpo, doña Miriam Germán, que sólo se dedicó a desmontar el sitial en el que la sociedad dominicana la tuvo, se opuso a las alertas migratorias ilegales, pero las permitió, se opuso a los desacatos, pero los permitió, se opuso al exceso de prisión preventiva, pero jamás ordenó solicitar otra medida de coerción, entre otras bellezas, y en lo administrativo no propuso nada significativo a favor del capital humano que administró, amén de permitir una verdadera ordalía de persecuciones políticas en contra de opositores del gobierno y una muy especial, de la persona que odiaba por el injustificado bochorno ante el CNM de que fue objeto, su venganza particular, y al salir del puesto, de inmediato juró como empleada del gobierno como cualquier otro acólito.
No es descabellado afirmar, que la elección de doña Miriam, a cuyo desplante ante el CNM se le sacó mucho capital político de campaña, tanto que la misma fue subida al escenario de las protestas anti gobierno en la Plaza de la Bandera. Doña Miriam quizá no autorizó pero permitió que a su enemigo, el mismo que le hiciera entrega del cargo, lo humillaran, vejaran y pasearan esposado, con chaleco y casco por todo el edificio que antes gobernó. ¿Y eso es justicia? ¿Y eso es proporcional al insulto de qué fue objeto?
sin dejar de mencionar que su gobierno, al que aún presta servicio, se dedicó a tratar de asesinar moralmente no solo a este, sino también a su mujer y a sus hijos menores, lo que evidencia que es una in”justicia” de odio, de venganza y que no tiene límites siquiera en la niñez que salió sancionada sin cometer personalmente ningún delito. Pero eso, la narrativa de odio, que aupa, celebra y calla ante los asesinatos de jóvenes a manos de la policía no podrá verlo tan claramente por los antifaces que desde el gobierno se pagan.
Y si la afirmación del maestro Rodríguez Huerta de que “sin una justicia independiente no hay Estado de derechos”, entonces, afirmo, no tenemos Estado de derechos.
Al Ministerio Público grande, independiente y fuerte que se vendió en campaña, lo partieron en pedazos, le sacaron un Ministerio (el de justicia) completo de sus costillas, disminuyéndolo, reduciéndolo a niveles jamás observados, pero además su “independencia” se redujo a modificar el artículo que daba exclusiva potestad al Presidente de la República de designarlo como a cualquier otro ministro, tal cual designó a doña Miriam Germán en la administración pública o en la procuraduría, en cambio lo que se creó fue un sistema de refrendo u homologación, ya que el único que puede proponer a procuradores generales es el Presidente, y el CNM sólo puede aprobar lo que éste mande sin tener este cuerpo capacidad de veto u opción propositiva, es decir, la misma pintura pero con diferente matiz.
Esto muestra que el presidente actual disminuyó al Ministerio Público quitándole de su administración al sistema penitenciario, la guarda, administración y custodia de bienes incautados y comisados y lo relativo a los fácticos administrativos traspasados al nuevo Ministerio de Justicia, reduciéndolo a lo que antes era la Dirección de Persecuciones del Ministerio Público.
Como se aprecia, la designación del Procurador General de la República sigue siendo, aunque maquillado, camuflado, una potestad única y exclusiva del Presidente de la República, y en su único ensayo, la propuesta del presidente del año 2024, se limitó a resolverse tal cual el mandatario propuso, pues, reitero, la Constitución no otorga al CNM la capacidad de oponerse, vetar o proponer un candidato, sino que se limita a un acto protocolar, una misa de asunción, de homologación de lo enviado.
En el otro componente del sector justicia, el Poder Judicial, las presiones desde acólitos en medios de comunicación, voceros diversos del gobierno, justificadores de las retóricas y creadores de narrativas, amén de sus enlaces con los decisores, con premios y bonos por ciertas específicas, puntuales y oportunas decisiones, se presiona al Poder Judicial para que se vayan en contra de la ley, a una prevaricación colectiva del cuerpo y sin consecuencias.
No es coincidencia que se mate desde las salas de justicia una figura ordenada por convenciones de derechos humanos y civiles, por la Constitución y por las leyes como la Extinción por el Vencimiento del Plazo Máximo del Proceso, que aunque la ley ordena, los jueces inaplican, con la connivencia de sus jefes y por el simple interés de servir a los designios y deseos de un gobierno que necesita condenas para salir del abismo en picada que le dan las encuestas a lo que fueron ayer números astronómicos, lo mismo que para lavar la cara a algunas ineficiencias en la administración de algunos rubros de la administración pública, la salud, la seguridad y unos escándalos por venir.
Salvo estas aclaraciones, coincido en lo relativo al porcentaje presupuestario destinado a los componentes del sistema de justicia, que por su politización y sujeción al ejecutivo jamás han luchado por el cumplimiento de la ley. Fiscales llamados a perseguir el cumplimiento de la ley y jueces obligados a hacerla cumplir, se manifiestan silentes ante esta flagrante y continua violación de la ley, pues, todos, deben sus puestos al que paga, y si el que paga no quiere pagar una mejor justicia, pues los salarios y el poder justifican siempre el silencio.
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