El llamado a paro nacional convocado por jueces y servidores judiciales para este jueves 21 de mayo continua en pie, revelaron los convocantes, considerando que el llamado a protesta es ante la falta de respuestas concretas a las demandas que llevan tiempo sin atención dentro del Poder Judicial.
Señalan que las reclamaciones han sido planteadas ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia, la Dirección General de Carrera y el Consejo del Poder Judicial, sin que hasta el momento se hayan obtenido compromisos formales.
A continuación, el comunicado de este martes 19 de mayo del 2026:
CRISIS SISTÉMICA DEL PODER JUDICIAL: JUECES Y SERVIDORES JUDICIALES TIENEN AÑOS SIN SER ESCUCHADOS
Santo Domingo. D.N.
El llamado a paro nacional de jueces y servidores judiciales para este 21 de mayo no nace del privilegio, ni de intereses particulares. Nace del deterioro progresivo de un sistema judicial que hoy opera con déficit de personal, sobrecarga extrema, precarización de tribunales y profundas desigualdades internas en la distribución de recursos.
Ni los jueces, ni los servidores judiciales reciben amplios beneficios económicos en el Poder Judicial; pues la realidad es que los salarios y compensaciones más elevados dentro del Poder Judicial se concentran principalmente en estructuras gerenciales, administrativas y de asesoría, mientras cientos de tribunales están en condiciones de sobrecarga, insuficiencia de personal y limitaciones operativas que afectan los ciudadanos.
Más allá de un titular mediático, la ciudadanía merece conocer la verdad completa: Los jueces y servidores enfrentan diariamente tribunales congestionados, múltiples roles simultáneos, escasez de personal administrativo y una demanda creciente de respuestas judiciales oportunas.
El problema no se reduce al aspecto salarial.
El problema es estructural. La falta de cobertura de vacantes judiciales, el retraso en designaciones, la insuficiencia de personal de apoyo y la concentración administrativa de recursos han generado un impacto directo sobre el ciudadano común: audiencias aplazadas, expedientes acumulados, retrasos en decisiones sensibles y mayores dificultades para acceder a una justicia rápida y eficiente.
Cuando un tribunal carece de personal suficiente, quien sufre no es solamente el juez o el servidor judicial. Sufre la madre que espera una pensión alimentaria, el trabajador que reclama prestaciones, la víctima que espera justicia, el ciudadano detenido pendiente de audiencia y el inversionista que necesita seguridad jurídica para confiar en el país.
Durante años, jueces y servidores judiciales han agotado mecanismos institucionales internos de diálogo sin que las soluciones estructurales lleguen. Por eso el paro nacional de jueces y servidores judiciales constituye una medida excepcional y de última ratio impulsada por la crisis que sistémica en el Poder Judicial y que directamente afecta al ciudadano común.
Este paro no busca paralizar la justicia contra la ciudadanía.
Busca evitar el colapso silencioso de la justicia dominicana. Busca advertir que ningún sistema judicial puede sostener calidad, independencia y eficiencia cuando quienes cargan diariamente el peso del servicio trabajan bajo niveles crecientes de desgaste institucional.
Los jueces y servidores judiciales están defendiendo la dignidad institucional del sistema de justicia y el derecho de cada ciudadano a recibir una respuesta judicial oportuna, humana y eficiente.
La justicia se fortalece corrigiendo las desigualdades internas, cubriendo vacantes, dignificando las condiciones de trabajo y colocando al ciudadano en el centro de las prioridades institucionales. La defensa de la justicia también es la defensa de la ciudadanía.
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