Luego de acoger la solicitud de los fiscales Evelyn Peña y Juan Alberto Olivares, del Departamento Litigación Definitiva de la Fiscalía en Santo Domingo Este-Norte, un tribunal condenó a 20 años de prisión a un sargento de la Policía Nacional que mató al hijo de un comunicador en avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este.
El condenado es Rafael Laureano de los Santos (a) «Cabito», un sargento de policía de 37 años de edad, domiciliado en la calle 14, en el sector Perla Antillana en el referido municipio.
Fue encontrado culpable en el homicidio del joven Wendel Alejandro Almonte Veloz, de 28 años, hijo del abogado y comunicador Alejandro Almonte.
La condena fue dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo.
De acuerdo con la acusación, el suceso ocurrió alrededor de la 7:45 de la mañana del 12 de octubre del 2024, mientras la víctima Almonte Veloz transitaba a bordo de su vehículo Hyundai, modelo Elantra, color rojo, por la avenida Charles de Gaulle, en el sector Los Trinitarios, en Santo Domingo Este.
En ese lugar en donde se produjo un intercambio de palabras con el ahora condenado (a) «Cabito», fruto de un roce de vehículos, con la motocicleta marca Bajaj, modelo Plattina ES, color azul y sin placa, que conducía el sargento de policía.
Indican, que, al parecer, la víctima le restó importancia y decidió continuar su trayecto en dirección este-norte, pero, sin embargo, el imputado, el sargento policial Laureano de los Santos (a) «Cabito», lo persiguió en su motocicleta.
Cuando lo alcanzó le realizó múltiples disparos, impactándole uno de los proyectiles en la cabeza y perdiendo la victima el control de su vehículo, el cual colisionó con un poste del tendido eléctrico.
El joven Almonte Veloz murió mientras recibía atenciones médicas, producto de la herida a distancia por proyectil de arma de fuego en la región occipital, sin salida, según el Informe de Autopsia número SD-A-0994-2024, emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
Luego del suceso, el justiciable agente de policía emprendió la huida, siendo capturado dos semanas después del suceso en la comunidad de Chirino, provincia Monte Plata, tras una ardua labor de investigación y búsqueda, encabezada por una comisión de fiscales adscritos al Distrito Judicial Santo Domingo Este, y donde participaron más de 200 agentes de las áreas investigativas, preventivas y de inteligencia de la Policía Nacional.
En la fase de investigación se pudo constatar, que el accionar desmedido del sargento policial imputado, quien, de acuerdo a los informes de balísticas, se pudo confirmar la participación en otros hechos, el primero ocurrido la mañana del 18 de diciembre del 2023, donde un menor de 03 años de edad resultó herido, en el interior del vehículo de su padre, cuando llegaban a la entrada del sector El Brisal, en la Carretera Mella.
También, el 24 de junio del 2024, siendo aproximadamente las 11:30 PM, el ahora condenado disparó contra el vehículo que conducía Carlos José Reyes Vidal, un coronel del Ejército de República Dominicana (ERD), quien iba transitando en compañía de su hija de 10 años de edad, su esposa y demás hijos, a bordo del vehículo marca Honda Accord, color blanco por la Carretera Mella, en el sector San Isidro.
En este otro hecho, el justiciable realizó varios disparos, logrando impactar a la menor de 10 años de edad, lo cual se pudo corroborar por un Certificado Médico Legal y el informe de balística al disparar el arma de fuego, marca Sig Sauer, Cal. 9mm, serie EAK204770, arma de reglamento del ahora condenado.
Luego de procesado, el 31 de octubre del 2024, mediante la Resolución Penal número 530-2024-SMEC-02651, un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este-Norte, le impuso medida de coerción de prisión preventiva.
En el juicio, realizado el 20 de octubre del 2025, el tribunal compuesto por Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal (presidente), Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada, (miembros), encontró al justiciable culpable en la violación de los Artículos 295 y 304 de Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el Homicidio Voluntario.
El tribunal acogió la querella de constitución en actor civil e impuso al condenado el pago de una indemnización de dos millones de pesos, a favor de los familiares del occiso.
La fiscal Ivette Mateo, del Departamento de Crímenes y Delitos Contra la Persona de Procuraduría Fiscal de la provincia Santo Domingo Este-Norte, estuvo a su cargo las investigaciones y formulación de acusación del justiciable.
El fallo establece que el condenado cumpla la pena impuesta en Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) en la provincia de Monte Plata, y que sea comunicada la decisión al juez de Ejecución de la Pena, para su cumplimiento.
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