El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra el ex juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, imputado por presuntas amenazas de muerte y violencia contra su pareja, en hechos ocurridos en el sector El Millón, del Distrito Nacional.
Rodríguez Consoró fue denunciado por su pareja, explica la solicitud presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por Pamela Patricia Genao Guerrero, fiscal adscrita a la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.
De acuerdo a un comunicado de prensa, los hechos se registraron el 5 de diciembre de 2025, cuando el imputado profirió amenazas de muerte e insultos contra la víctima en su residencia, conducta que quedó documentada mediante registros audiovisuales incorporados al proceso.
El Ministerio Público estableció, además, que, días después, el imputado reiteró expresiones amenazantes relacionadas con causar la muerte a la víctima, las cuales fueron comunicadas a un familiar cercano de forma directa.
Como consecuencia de la violencia ejercida, la víctima presenta afectaciones psicológicas que incluyen ansiedad y alteraciones del sueño que impactan su desenvolvimiento cotidiano, conforme al informe psicológico forense emitido el 26 de diciembre de 2025.
El Ministerio Público otorgó a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 309-1, 309-2 y 309-3, literal E, del Código Penal Dominicano, relativos a la violencia intrafamiliar agravada.
En abril de 2023 el Consejo del Poder Judicial destituyó al juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, por cometer presuntas irregularidades en sus funciones.
Esta sentencia quedó anulada en junio de 2025 por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, aclarando el tribunal que su fallo no incluía el reingreso del magistrado, y no abordó aspectos materiales discutidos ni tomó partido sobre si el ex juez Rodríguez Consoró era o no culpable de las faltas disciplinarias que se le imputan.
En su sentencia SCJ-TS-25-1780, de fecha 30 de junio de 2025, dicho tribunal únicamente determinó que en la decisión objeto de casación se incurrió en faltas de tipos formales que acarrearon su nulidad.
La SCJ anuló una decisión del Tribunal Superior Administrativo que rechazó una demanda inicial incoada por el recurrente con la intención de que se revoque la decisión administrativa-disciplinaria emitida por el Consejo del Poder Judicial, que dispuso su destitución por haber cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Según la nueva ley de casación núm. 2-23, los vicios de forma deben ser examinados de manera previa por la Suprema Corte de Justicia, la cual solo abordará los temas sustanciales cuando verifique la ausencia de dichos vicios.
El fallo de la Corte de Casación no ordenaba el reintegro a las labores de Rodríguez Consoró y lo único que provocó dicha decisión es que el recurso contencioso administrativo fuera conocido nuevamente en toda su extensión.
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