Por Franser Desiree Solis
La Contratación Pública constituye un componente crucial en la gestión de recursos del Estado, que impacta directamente en el gasto estatal, la calidad de bienes y servicios, y la confianza de la ciudadanía. Una gestión efectiva en esta área es esencial para originar confianza en las instituciones y mostrar eficiencia en el uso del recurso público.
Dada su complejidad normativa, e inminente necesidad de mantener altos estándares en materia de transparencia y acceso a la información, se hace imprescindible la profesionalización adecuada de sus actores involucrados.
En un contexto global cada vez más innovador, regulado y competitivo, la efectiva gestión de la contratación pública aún sigue siendo un gran desafío para la República Dominicana, en materia de gestión, profesionalización, integración de los sistemas, y cumplimiento normativo.
Nos parece interesante destacar la importancia, de que la profesionalización del sector no debe enfocarse solo en el capital humano, sino también en garantizar que los sistemas cuenten con una mayor interoperabilidad, asegurando que las contrataciones sean más eficaces.
No obstante, es innegable que en los últimos años nuestro país ha evidenciado iniciativas significativas en este ámbito. Estos progresos reflejan el compromiso y el esfuerzo de muchos de los actores involucrados en mejorar la transparencia, la participación del ciudadano y la accesibilidad del sistema de contratación pública. Estos pasos constituyen un fundamento clave para cimentar las bases que permitirán fortalecer nuestro sistema gubernamental.
La calidad de aquellos que se desempeñan detrás de una posición que incide en cualquier etapa del ciclo de gestión del proceso es crucial, ya que un buen profesional puede planificar objetivamente, prevenir riesgos, definir con claridad las especificaciones técnicas, evaluar y analizar ofertas con criterio, gestionar inventario, e implementar mejoras de procesos. Por otro lado, este enfoque contribuye directamente a generar, mantener o fortalecer de cara a la ciudadanía la confianza legitima en el buen hacer de las instituciones públicas.
Como bien se sabe, uno de los pilares fundamentales de la economía de nuestro país se representa en la realización de estos procesos que originan estos contratos públicos. En nuestra legislación, las contrataciones públicas se encuentran regidas por la ley 340-06 y el Decreto 416-23, estableciéndose sobre los principios de transparencia, eficiencia, e igualdad de condiciones.
No obstante, durante años actuaciones que se desprenden de este ámbito han llegado al punto tal, de ser cuestionadas. A pesar de los avances en torno a la norma y procedimientos, persisten significativos desafíos en como minimizar errores, interpretar correctamente la norma, y en mitigar riesgos legales. Aquí surge una pregunta critica: ¿Acaso el enfoque de mejorar la normativa ha olvidado garantizar mecanismos adecuados para la preparación del servidor?
Este hecho se constata en los aciertos y desaciertos del Estado Dominicano en la toma de decisiones, y es que, la Contratación Publica dejo de ser una operación para convertirse en un instrumento de gestión que abarca todo un ciclo de actuaciones.
Este es uno de los aspectos que considero fundamental en esta materia. La necesidad de especialización en la contratación pública ha sido ampliamente debatida en la doctrina y ventilada en diversos escenarios. Al respecto, la formación continua de quienes conducen los procedimientos de contratación es una de las claves fundamentales para la transparencia y eficiencia del sistema de contratación pública.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha enfatizado que la contratación pública debe considerarse una profesión estratégica, desempeñando un papel crucial en la prevención de una mala gestión.
La actualización constante en esta materia ofrece múltiples beneficios, entre los cuales se destacan los siguientes:
- El cumplimiento normativo, que da lugar a actuaciones coherentes, lo que a su vez, impacta positivamente en la confianza de la ciudadanía.
- Toma de decisiones responsables, contribuyendo a una cultura de transparencia y buen hacer de los servidores públicos.
- Impacto en aspectos de interés mundial, las distintas estrategias de desarrollo y medioambientales.
- Promover el flujo de la economía local, generando oportunidades de negocios a esos pequeños comerciantes bajo condiciones justas, equitativas y competitivas.
En conclusión, la formación continua es esencial para asegurar un sistema público, con integridad, transparencia y eficiente como el que nuestra nación merece. No se trata de cumplir con normas, sino de cultivar y hacer realidad una cultura de excelencia profesional, que permita gestionar los recursos con responsabilidad desde cualquier cargo público.
La estrategia más efectiva que puede adoptar el país es capacitar continuamente, evaluar y situar el conocimiento y la competencia profesional como prioridad, por encima de cualquier otro interés. Estas acciones no solo facilitarán la superación de la resistencia al cambio, erradicando las malas prácticas, sino que fortalecerá la coherencia institucional. De este modo, el país podrá integrarse plenamente al grupo de naciones que promueven buenas prácticas, consolidándose como un referente en la gestión pública.
***La autora es abogada y escritora, especialista en Contrataciones Públicas, con más de 12 años de experiencia en la Administración Pública. Ha liderado mejoras en procesos de adquisición y auditoría, además de capacitar a servidores públicos en estrategias de compras. Como docente y articulista legal, promueve el desarrollo de competencias en el sector:
Linkedin: Franser Desiree Solis De Luna
https://www.linkedin.com/in/franser-desiree-solis-de-luna-67a31bb6
Instagram: Franser Desiree Solis
Facebook: Franser Desiree Solis De Luna
Deja una respuesta