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Maldito senadores españoles y del infierno

Valentín Medrano Peña.

Este artículo se llamaría originalmente, ‘Maldito Senado de la República’, y sin entrar en la lectura del fondo del mismo, antes de su publicación, de solo ver dicho título, mí amigo periodista, Julio Benzant, reprobó el mismo. Sus pocas palabras hicieron que repensara el referido título. “El senado no es bueno ni malo, dijo Benzant, es lo que los senadores de momento sean”, y no requirió fundamentar más para que entendiera mi error. 

El senado es una de las dos cámaras que componen el Poder Legislativo, un órgano constitucional con funciones de obstetras de las leyes, hacen parir las leyes utilizando técnicas que hagan del producto y de la parturienta, la República, los mejores seres a los fines de la generalidad de la nación. Así debía ser, pero, así casi nunca es. Como en España. 

Los legisladores han usado el hemiciclo para tratar de catapultar sus carreras políticas, llegan sin un verdadero compromiso con sus votantes, de hecho abandonan a estos a sus suertes por entenderlos pedigüeños, enfermos con recetas, buscadores de empleos y becas, pero jamás como veedores de su accionar legislativo y como sus mandantes. 

El compromiso con sus electores, nacido del voto y las marrullas electorales, muere el día de su juramentación, y de repente, el compromiso embrionario espiritual, la obligación de legislar a favor de la generalidad de sus coterráneos, se troca por los intereses de naciones extranjeras, que imponen sus leyes enlatadas con derechos de autor y reservados, lo mismo que a los de las grandes transnacionales y su vocación imperialista-comercial ó, respecto a los voraces empresarios locales, a cuyos negocios multimillonarios, el saqueo de nuestras riquezas, ajustan los legisladores las leyes, y así, el designio de los intereses nacionales se troca por los beneficios de un comité de un partido que piensa en su lugar y decide aún en contrapelo de los así electos, nada nuevo, como en España. 

Los legisladores cambian de color pero no de intereses. Hacen la magia de hacer parir riquezas propias pero no leyes justas para el colectivo. Y siempre que pueden, duele decirlo, conscientes o no, producen leyes de limitación de derechos, disminución de garantías y asesinatos de debidos procesos. Y cuyo resultados aplauden como si estuvieran a gusto con el despropósito producido o como si en verdad fueran absolutos desconocedores de las implicaciones. Y entonces, nos dejan sin saber si son estúpidos o se hacen, pero el resultado es casi siempre el peor respecto a los intereses nacionales, como en España. 

Los legisladores, no conformes con aprobar un Código Penal arbitrario, abusivo, inconsecuente, deleznable, inhumano e irracional, que poco a poco despierta repulsas, y que muestra la cara más nefasta y horrible de nuestra clase dirigente, los malos de la película, que son incapaces de creerse equivocados, y para sus errores cuentan con justificaciones periodísticas y de expertos adoquinados y empujados por razones diversas hasta a contradecirse, muchas veces con aparentes alegrías, con aceptación con cargo a cuentas jugosas, como en España. 

Ahora, los legisladores prometen jodernos aún más, inspirados en el infierno más candente, proponen una modificación al Código Procesal Penal que simplemente aniquila las reformas humanistas de principio de siglo que se hicieron ley. El aporte a los derechos humanos en el proceso penal, el amor al prójimo más disminuido y ajado, se revierte, se esfuma, porque nadie es merecedor de ser visto como humano en esta isla que parecen ellos creer que es de mierda, como en España. 

Los legisladores proponen aumentar de cuatro años, uno más que los tres años originalmente acordados, a seis años, el plazo máximo del proceso, una verdadera locura que a su vez representa un mea culpa y confesión de incapacidad absoluta para el órgano persecutor e investigador, el Ministerio Público, que al abrazar esta propuesta admite su incapacidad para hacer su trabajo bien y rápido y con apego a la ley, como en España. 

Así mismo, se proponen imponer un aumento del plazo de la prisión preventiva, que se ha comprobado, no es más que una vía para la extorsión y el chantaje, para matar moralmente y para asentar una retórica manida de eficiencia que en la realidad es ineficaz. La prisión preventiva es proporcional en su cantidad al grado de troglodísmo de cada sociedad, nada nuevo, como aquí, porque en España no es igual. 

Buscan esos senadores, igualar la interpretación de la norma, que en toda sociedad racional prohíbe las analogías e interpretaciones extensivas, salvo para asuntos propios de la defensa, y procuran igualar a todos en su uso, haciendo de un derecho y garantía de todo procesado, una herramienta en su contra, lo mismito que en el infierno. 

Los malditos senadores, que habrán cenado avispas con hormigas venenosas, plantean en su propuesta de modificación que la revisión obligatoria de la prisión preventiva, que hoy es de tres meses, y que en la práctica llega a varios años, se lleve a seis meses, haciendo que por cualquier razón, una persona esté asegurada seis meses en la norma, y quien sabe cuanto tiempo en la práctica, privado de libertad en un proceso embrionario de investigación, como en España y como en el infierno. 

Nuestros senadores son merecedores del más grande reproche, han osado transgredir todo, dañarlo todo, afectarlo todo sin un ápice de consciencia o conocimiento de la materia. Sus leyes más generales, aquellas que afectan a la ciudadanía son las más perversas y drásticas, en tanto que, las que puedan beneficiar a sus patronos-salariados y cómplices, fuentes del óbolo corruptor, son las más laxas e indulgentes. 

La pelota fue bateada con influjos diabólicos, ahora irá a la otra cámara, la de los diputados, más parecidos a los llanos humanos, y como en la parábola bíblica, tendrán estas maléficas monedas en las manos, pudiendo dar a Dios lo que es de Dios y denegar del diablo, quien parece se alojó al otro lado del pasillo central del congreso. Lo mismo que en España, ¿O no?

***El autor, Lic. Valentín Medrano Peña, es miembro del Instituto Dominicano de Derecho Penal.

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